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A un cuarto de siglo de la reforma, la posesión de drogas para consumo propio sigue fuera del sistema penal en Portugal. El modelo combina comisiones administrativas, atención sanitaria y reducción de daños. Frente a los retrocesos recientes de Oregón y Columbia Británica, el caso portugués muestra que retirar una pena no basta por sí solo. La continuidad también depende de la institucionalidad que los sostiene.
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