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La ejecución de Omar bin Yacob Bamadhaj volvió a situar a Singapur en el centro de las críticas internacionales por el uso de la pena de muerte en delitos de drogas. Su caso, vinculado al contrabando de cannabis, expone la dureza de una política que sigue avanzando a contracorriente del debate global sobre derechos humanos y regulación.
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