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Voces políticas y comunitarias de Fiyi piden recuperar la pena de muerte para ciertos delitos de drogas mientras el país revisa su legislación. La propuesta no figura en una norma aprobada y enfrenta objeciones constitucionales y de derechos humanos, entre ellas el riesgo de aplicar el castigo extremo a personas con responsabilidades muy distintas dentro de las redes.
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