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Los servicios legales de análisis de sustancias de Nueva Zelanda examinaron 9.458 muestras y participaron directamente en siete de las nueve alertas públicas emitidas durante el ejercicio 2023-2024. El informe, divulgado 21 meses después del cierre del periodo, muestra cómo una intervención individual de reducción de daños también puede alimentar la vigilancia sanitaria nacional.
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