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Una pareja de agricultores de Lleida reclama una millonaria suma al Estado después de que su cosecha de cáñamo permaneciera inmovilizada durante dos años en una investigación por delito contra la salud pública. La causa fue archivada en 2025, pero el caso deja al descubierto las zonas grises que todavía separan el cultivo industrial, las flores y los límites de THC.
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